Valga como ejemplo que el PSOE llegó a esa mesa de
negociación con una propuesta de umbral de renta de 2,5 veces el Indicador de
Precios de Efectos Múltiples (IPREM), que se sitúa en 532,51 euros/mes. Esta
propuesta es la que recoge la
proposición de ley que registraron en el Congreso. En la negociación, la propuesta
del Gobierno para extender beneficios hipotecarios (como periodos de carencia)
a otros colectivos sociales vulnerables superó el nivel planteado por el PSOE y
no fue objeto de debate en las dos primeras reuniones. Hasta que ayer, antes de
que la comisión técnica se sentara de nuevo en Moncloa, los socialistas
filtraron una propuesta que no habían trasladado a la mesa, y que defendía que
el umbral de exclusión se pudiese ampliar hasta los 36.480 euros/año, en
función del tamaño de la unidad familiar.
El PSOE también parece que ahora ha olvidado
que con su voto hizo que fueran retiradas o inadmitidas a trámite en el
Congreso las tres iniciativas populares sobre dación en pago que se presentaron
en la pasada Legislatura. Entonces hubo incluso una proposición no de ley del
Grupo Mixto sobre limitación de intereses de demora en los créditos y préstamos
hipotecarios y otras prácticas bancarias. El PSOE presentó una enmienda y el PP
otra, que se trataron como una transaccional que fue objeto de acuerdo. Esa
enmienda defendía que la obligación se declarase vencida cuando se hubiera
producido un impago mínimo de seis cuotas. La
proposición fue aprobada por la Comisión de Economía el 13 de octubre de
2010, pero no se convirtió en obligatoria para las entidades financieras.
El balance
de la etapa de mandato socialista incluye también, por ejemplo, una respuesta
parlamentaria por escrito a la oposición sobre una sentencia que establecía la
dación en pago. El PSOE, en el Gobierno, contestó que puede suponer una
reducción del valor de la garantía. Y defendió que entendía que ya se habían
puesto medidas suficientes para prevenir y reducir las consecuencias del
sobreendeudamiento en las distintas fases: transparencia, solvencia y ejecución
hipotecaria.
Esta respuesta es de febrero de 2011 y no es pública.
Según establece el Reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios están
facultados para formular preguntas por escrito al Gobierno a través del
Registro. Y el Ministerio de la Presidencia les va dando salida, con retraso,
pero atendiendo a todas. Estas contestaciones, de las que queda también
constancia en el Registro, no suelen hacerse públicas, aunque algunas de ellas
pueden acabar filtrándose a los medios de comunicación.
En
cualquier caso, cuando cambiaron las tornas, cuando el PSOE llegó a la
oposición, también cambió radicalmente su tendencia conservadora en materia
hipotecaria.
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