jueves, 15 de noviembre de 2012

Respuesta socialista en 2011: «Ya hay medidas suficientes»


  Del dicho al hecho hay tanto trecho como de estar en el Gobierno a pasar a la oposición. En los últimos días, los socialistas han ido elevando sus exigencias en materia de revisión de la normativa hipotecaria. Crecían a medida que avanzaba la negociación con el Gobierno para activar de manera urgente medidas para proteger del desahucio a todos los colectivos sociales más afectados por la crisis económica.
Valga como ejemplo que el PSOE llegó a esa mesa de negociación con una propuesta de umbral de renta de 2,5 veces el Indicador de Precios de Efectos Múltiples (IPREM), que se sitúa en 532,51 euros/mes. Esta propuesta es la que recoge  la proposición de ley que registraron en el Congreso. En la negociación, la propuesta del Gobierno para extender beneficios hipotecarios (como periodos de carencia) a otros colectivos sociales vulnerables superó el nivel planteado por el PSOE y no fue objeto de debate en las dos primeras reuniones. Hasta que ayer, antes de que la comisión técnica se sentara de nuevo en Moncloa, los socialistas filtraron una propuesta que no habían trasladado a la mesa, y que defendía que el umbral de exclusión se pudiese ampliar hasta los 36.480 euros/año, en función del tamaño de la unidad familiar. 

    El PSOE también parece que ahora ha olvidado que con su voto hizo que fueran retiradas o inadmitidas a trámite en el Congreso las tres iniciativas populares sobre dación en pago que se presentaron en la pasada Legislatura. Entonces hubo incluso una proposición no de ley del Grupo Mixto sobre limitación de intereses de demora en los créditos y préstamos hipotecarios y otras prácticas bancarias. El PSOE presentó una enmienda y el PP otra, que se trataron como una transaccional que fue objeto de acuerdo. Esa enmienda defendía que la obligación se declarase vencida cuando se hubiera producido un impago mínimo de seis cuotas. La  proposición fue aprobada por la Comisión de Economía el 13 de octubre de 2010, pero no se convirtió en obligatoria para las entidades financieras. 

  El balance de la etapa de mandato socialista incluye también, por ejemplo, una respuesta parlamentaria por escrito a la oposición sobre una sentencia que establecía la dación en pago. El PSOE, en el Gobierno, contestó que puede suponer una reducción del valor de la garantía. Y defendió que entendía que ya se habían puesto medidas suficientes para prevenir y reducir las consecuencias del sobreendeudamiento en las distintas fases: transparencia, solvencia y ejecución hipotecaria.
Esta respuesta es de febrero de 2011 y no es pública. Según establece el Reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios están facultados para formular preguntas por escrito al Gobierno a través del Registro. Y el Ministerio de la Presidencia les va dando salida, con retraso, pero atendiendo a todas. Estas contestaciones, de las que queda también constancia en el Registro, no suelen hacerse públicas, aunque algunas de ellas pueden acabar filtrándose a los medios de comunicación. 
     En cualquier caso, cuando cambiaron las tornas, cuando el PSOE llegó a la oposición, también cambió radicalmente su tendencia conservadora en materia hipotecaria.

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